Les comento unos nuevos hechos ocurridos el pasado 31 de julio, dentro de la persecución que padecemos tristemente por haber denunciado a una importante organización criminal como es La Mafia Canaria.
Les pongo en antecedentes que mi concuño José Luis Betancor, es víctima junto con el resto de mi familia de las tropelías de dicha organización criminal, como consignatario de barcos de pesca, porque denunciamos delitos de contrabando, estafa, apropiación indebida, tráfico de influencia, falsedad documental en documento notarial, utilización fraudulenta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia para cometer actos delictivos, dentro del depósito público aduanero FRISU, en el año de 1996, sin obtener la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española, o el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todavía a estas alturas del mes de agosto de 2009. Después de haber transcurrido trece años y cinco meses, aún nos siguen burocratizando el secuestro de nuestros derechos humanos, como son nuestros medios de vida, de forma sibilina como esclavismo subrepticio del siglo XXI en Canarias.
El hecho criminal anteriormente narrado por parte de la Mafia Canaria, le ha destrozado también a él, todo su proyecto de vida, y bajo ese trauma sicológico, de forma fortuita, tuvo un leve accidente de tráfico en el año de 2005 en el que no existieron daños personales con avenencia, pero, por arte del birlibirloque, según manifestaciones en sede judicial, después de aparcar el coche, se presentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la cafetería donde él estaba tomando una bebida para hacerle la prueba de alcolemia, aunque los agentes del orden dijeron después, que solo tomaba agua.
Con total celeridad se celebra un juicio sumarísimo, asistido por abogado y procurador del turno de oficio, que sorprendetemente no fueron los que le defendieron físicamente, entrando en liza el Ministerio Fiscal representado casualmente y al parecer por el Sr. García Panasco, a la sazón, fiscal adscrito también al Juzgado que ejerce la acusación pública contra nuestros victimarios La Mafia Canaria, y con un descarado agravio comparativo y con otra vara de medir, de forma sorprendente el fiscal responsable del caso D.P. 1714/96 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Las Palmas contra el decano honorífico del Colegio de Abogados Salvador Trujillo Perdomo y una ristra de personajes del mundo juridico.
El Juzgado de lo Penal nº 4 de Las Palmas, le comunica una ejecución de sentencia injusta en su entender y llenas de irregularidades manifiestas, sin comunicarle previamente la sentencia para que pudiera recurrir. Recurre la ejecución de sentencia, pero no le contesta el Juzgado, y hace pocos días le embargan el sueldo que gana para poder malvivir, como portero del edificio RocaMarina donde vive uno de los querellados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el querellado Gregorio Morales Martín, por hechos acumulativos que recoge entre otros el de Instrucción nº 4 de Las Palmas.
A la vista de dicho silencio truculento nos presentamos en sede judicial del Juzgado de lo Penal nº 4 de Las Palmas el pasado 31 de julio y nos atiende una persona que no se idenfica porque dice que no es funcionario, de forma alucinante, y a mayor abundamiento, nos dice que no elevemos el tono de voz en la protesta, dándonos evasivas para que no nos atendiera los responsables de gruesa felonía, por lo que acudimos a la Comisaría de Policía más próxima a los Juzgados de Granadera Canaria para denunciar dichos hechos criminales que atenta gravemente contra las libertades públicas del Estado de Derecho democrático, como se puede apreciar pinchando en el documento escaneado arriba.
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