Relación de algunas victimizaciones denunciadas ante La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya

Relación de algunas victimizaciones soportadas de forma sistemática, durante 18 años, por Isidro Betancort Egea y su familia, ante las violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales básicas, que les inflige la organización criminal, con alcance al resto de la sociedad civil. Todo ello, con mucha saña y sin freno alguno, por encontrarse de forma tan triste, el Poder Judicial secuestrado por: La MAFIA CANARIA, y por ese triste motivo, denunciada ante The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court of The Hague.

-Año de 1990.- Es una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales como delito de lesa humanidad que en el año de 1990, la abogada, Dña Josefina Navarrete Hernández interpusiera una querella en mi nombre contra mi padre y hermanos sin haberla autorizado para ello, expoliando mis relaciones paternas, precisamente, por el expolio patrimonial que me hizo el familiar de la cúpula judicial, Gregorio Morales Martín como asesor de empresa y perito judicial, contratado por mi familia paterna, y sin que, la jueza a la sazón Dña Esther Villimar me tomara declaración alguna, y ese hecho injusto lo conocen todos y cada uno de los Juzgados de Instrucción de Las Palmas incluso, los altos dirigentes de la Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, del Banco de España y la AEAT

-Año de 1993. Es una violación más de los derechos humanos y libertades fundamentales como delito de lesa humanidad que en el año de 1993, dos años después de haber trasladado mi domicilio desde la península a Las Palmas debido a las irregularidades del caso, contraté al abogado D. Francisco Mazorra y Manrique de Lara, interpuso un escrito de acusación sin mi conocimiento, manipulando los hechos, lo denuncié y sin tomarme declaración alguna, la jueza Dña Olga Oiza Casado, también lo archivó y ese hecho injusto lo conocen todos y cada uno de los Juzgados de Instrucción de Las Palmas, incluso, los altos dirigentes de la Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, del Banco de España y la AEAT

-Año de 1996. Es una violación más de los derechos humanos y libertades fundamentales como delito de lesa humanidad que en el año de 1996, sufriéramos otra agresión por parte de los mismos victimarios, porque se llevaron una mercancía de un depósito público aduanero, afecta a certificados de garantías de depósitos, lo denunciamos al Servicio de Vigilancia Aduanera que los interceptó, y al Juzgado, y el Juez titular Oscar Bosch Benítez, tampoco me tomó declaración y archivó la denuncia junto con la del Servicio de Vigilancia Aduanera por delito de contrabando, y ese hecho injusto lo conocen todos y cada uno de los Juzgados de Instrucción de Las Palmas, incluso, los altos dirigentes de la Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, del Banco de España y la AEAT

-Año. 2008. En estos momentos el juez Oscar Bosch Benítez es asesor de D. Antonio Lazcano Acedo implicado en el caso Tindaya, en la Sección Primera del Consejo Consultivo de Canarias, y su hermana Dña Amalia, concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Brígida que junto con el alcalde me excluyen de mis derechos básicos y ese hecho injusto lo conocen todos y cada uno de los Juzgados de Instrucción de Las Palmas y la Fiscalía, incluso, los altos dirigentes de la Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, del Banco de España y la AEAT.

-Año de 1998. La jueza sustituta Silvia Rosales Pedrero, celebra el falso juicio contra mi padre y hermanos, en contra del criterio de mi abogado, y en presencia de su novio el fiscal Javier García Cabañas, para dictar una sentencia en la que exculpaba al acusado Gregorio Morales Martín, arguyendo falsamente de forma tácita que, era familiar mío, por una conspiración genocida en la que participaba en dicha farsa el asesor jurídico del Obispado, D. Antonio Medina Guedes, representando farsa y tristemente a mi padre, y en forma corporativista, en connivencia con familias de la cúpula judicial en Canarias y ese hecho injusto lo conocen todos y cada uno de los Juzgados de Instrucción de Las Palmas, incluso, los altos dirigentes de la Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, del Banco de España y la AEAT

-Año de 1999. El fiscal jefe Juan Guerra del Río y Manrique de Lara, me persigue escandalosamente aduciendo falsamente haber falsificado “con mi firma” la firma de mi procuradora Edith Martell Ortega, por indicación perversa en la trama criminal de ésta, y el Juez Alberto Puebla Contreras archiva la denuncia, eso sí, después de tomarme declaración en calidad de imputado, y con otra vara de medir, y ese hecho injusto lo conocen todos y cada uno de los Juzgados de Instrucción de Las Palmas, incluso, los altos dirigentes de la Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, del Banco de España y la AEAT

-Año 2001. Se interpone querella contra varios aforados, entre otros, un aforado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el otro, el titular jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, resuelve la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el archivo, en lugar de la Sala Especial que era la competente, y sin tomarme declaración como querellante y ese hecho injusto lo conocen todos y cada uno de los Juzgados de Instrucción de Las Palmas, incluso, los altos dirigentes de la Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, del Banco de España y la AEAT.

-Año de 2005. Nos vuelven a expoliar, primeramente falseando el catastro urbano de Santa Brígida, y a continuación una finca urbana de propiedad con 95 propietarios más, es allanada con apisonadora y extendedora de asfalto para borrar toda huella del delito utilizando como infraestructura viaria, la calle de una urbanización privada, que se corresponde con la prolongación de la calle Alféreces Provisionales, que actualmente ha cambiado de denominación por la de calle de Gonzalo Medina, para dar salida a las urbanizaciones ilegales en los antiguos terrenos de la familia Sintes. Recibe la denuncia de noticia criminal el juez Alberto Puebla Contreras, y hasta la fecha, tampoco me ha tomado declaración en calidad de víctima, con el mismo modus operandis que en el resto de las causas conexas, y ese hecho injusto lo conocen todos y cada uno de los Juzgados de Instrucción de Las Palmas, incluso, los altos dirigentes de la Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, del Banco de España y la AEAT.

-Año de 2005. En este mismo año, me abordan y me tiran al suelo, de forma arbitraria, una pareja de vigilantes jurados de la empresa del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, porque entraba en el Palacio de Justicia de Las Palmas a interesarme por las denuncias interpuestas como se puede comprobar en el Decanato del Juzgado al que me dirijo, la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas en las Diligencias Previas 999/2005, se inhibe del caso, y sin tomarme declaración con el mismo modus operandis que en esta causa y ese hecho injusto lo conocen todos y cada uno de los Juzgados de Instrucción de Las Palmas, incluso, los altos dirigentes de la Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, del Banco de España y la AEAT.

-Año de 2005. La querellada y procuradorea ante los tribunales, Dña. Edith Martell Ortega, por denuncia falsa ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo citada anteriormente, vuelve a victimizar, en este caso a mi familiar D. José Luis Betancor Díaz, con una nueva estafa, al instar un procedimiento judicial en proceso monitorio en el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Las Palmas, basándose en un documento bancario que resulta ser falso, ya que, la deuda contraída por mi familia con la entidad Bankinter estaba saldada.

-Año de 2006. El Equipo de Valoración y Orientación del Centro Base de Las Palmas de la Dirección General de Servicios Sociales, resuelve reconocerme que poseo un grado de minusvalía física de un 65%, concediéndome una pensión que actualmente es de 328 euros mensuales, como víctima de las acciones terroristas de La Mafia Canaria que:

-Tiene impunidad efectiva de hecho para cometer delitos de lesa humanidad

-No restituye lo defraudado a sus victimas

-Se lucra con el lucro cesante de sus víctimas, de forma tan bellaca.

Mientras que los diferentes alcaldes de Santa Brígida, a la sazón, como imputados por delitos de tiranía y en sus calidades de victimarios han venido cobrando mensualmente 20 veces más que sus víctimas, y para más infamia se les mantiene en sus cargos públicos, por los servicios prestados no se a quién, porque no tiene nombre registrado, ni en los archivos de Hacienda, ni en el Registro Mercantil. Porque desde luego, a la sociedad civil por supuesto que no le esta amparando de las violaciones que recibe sin derecho alguno.